Audiencia de Preparación de juicio Oral lleva ya 4 defensores penales públicos acusados de abandono de defensa y una Jueza de Garantía acusada de parcialidad.

“Esta es la audiencia más insólita a la que me ha tocado asistir”. La frase la pronunció el Defensor Regional de Arica y Parinacota tras serle declarada abandonada la defensa que debía él ejercía en una jornada de preparación de juicio oral. Por eso, después de 14 horas de iniciada la sesión, Claudio Gálvez Giordano decidió presentar una recusación – en la Corte de Apelaciones – contra la jueza de Garantía Sara Pizarro Grandón, en una medida que corona el mayor conflicto que se conozca en Arica entre un magistrado y los abogados del nuevo sistema procesal penal.

La magistrado culminó el caso nombrando a un abogado particular “por corresponderle en turno” como defensor de dos de los tres imputados, dándole inicialmente 4 horas para estudiar el expediente y finalmente 4 días, plazo que se cumpliría el martes próximo. A los defensores anteriores les dio 6 horas, 30 minutos, quince, después media hora hasta que finalmente decidió prescindir de los defensores penales públicos.

“Se trata de hacer valer el respeto a los derechos básicos de todo imputado, por quienes  nosotros abogamos en su plena dignidad como personas. Hemos tratado que la magistrado entienda que no se puede defender a nadie con sólo estudiar por media hora o un poco más el expediente de un caso, sin poder entrevistar a los imputados, ponderar las pruebas. Ella se ha empecinado en salvar las formas por sobre los temas de fondo en justicia penal”, explicó el Defensor Regional de Arica y Parinacota, al fundamentar las peticiones de plazo razonable para asumir tal defensa.

EL CONFLICTO

El caso comenzó la mañana del jueves en el Tribunal de Garantía de Arica y tras siete recesos debería culminar el miércoles de la próxima semana. Al inicio se trataba sólo de un caso corriente de preparación de juicio oral, pero surgió una controversia cuando un defensor público pidió plazo para conversar con su defendido a raíz de una sorpresiva oferta de Procedimiento Abreviado.

La jueza Pizarro no lo concedió y, como el defensor Ricardo Sanzana arguyó la imposibilidad de salvaguardar las garantías le declaró abandonada la defensa y nominó a otro. En la tarde llegó el defensor Local Jefe de Arica, Raúl Gil, retomando los argumentos anteriores y también fue relevado por la magistrada, quien llamó al Jefe de Estudios Regional, Víctor Providel, el que dijo que “en ejercicio de la defensa de mis representados es que pido el plazo prudente para preparar mi participación”, pero la dinámica se repitió, y fue llamado a estrado al Defensor Regional.

Claudio Gálvez Giordano pidió copia de los audios y anunció que recusaría a la magistrado por manifestar prejuicios sobre la actuación de los defensores penales públicos y atribuirles maniobras de complot. Al ser conminado a proseguir con la preparación del Juicio Oral reiteró las argumentaciones jurídicas sobre la protección de los derechos de los imputados para fundamentar la petición de plazo razonable para estudiar el expediente con acusaciones de tenencia y porte de arma y municiones, pero Sara Pizarro declaró también abandonada su defensa.

Posteriormente la jueza nombró de oficio a un abogado particular en calidad de “turno”, quien a su vez pidió la anuencia de los defendidos, pero no fue concedida esa posibilidad, por lo que solicitó plazo razonable de 5 días para conocer el expediente. La magistrada le dio tres, pero tuvo que allanarse a 4 porque el abogado Francisco Cataldo tenía agendados un Juicio Oral y una preparación para el lunes.

Respecto al primer defensor penal público (licitado) ordenó oficiar del “abandono” a sus superiores, mientras que los casos de los otros tres también se ofició a Contraloría por el incumplimiento de deberes funcionarios.

El caso llamó poderosamente la atención de los reporteros de esta tranquila ciudad, a quienes incluso se les prohibió inicialmente tomar imágenes de la audiencia y luego, tras permitirlo, otro juez que asistió como público reprochó las fotografías. El magistrado del mismo tribunal, Mauricio Pontino, encaró severamente al corresponsal de El Mercurio por captar las imágenes de la magistrada, ante la sorpresa de los fiscales, defensores, familiares y público que concurrió al recinto, porque ya la jueza había autorizado a la prensa para la audiencia.

EL CASO

La preparación de juicio oral versa sobre la imputación a tres jóvenes de tenencia y porte de arma de fuego y municiones, lo que se habría detectado en un control vehicular realizado por Carabineros el 9 de marzo del año pasado. El caso generó defensa incompatible por lo que fueron nombrados los defensores penales públicos Jorge Videla y Ricardo Sanzana para atender el caso. El Ministerio Público encargó a la fiscal Javiera López la acusación.

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