La secretaria de Estado sostuvo un diálogo con dirigentes vecinales para escuchar sus opiniones sobre el funcionamiento del sistema judicial e informar las modificaciones legales que está promoviendo el Gobierno.

Junto a una treintena de dirigentes de organizaciones vecinales de Arica, la ministra de Justicia, Patricia Pérez participó esta tarde en un cabildo ciudadano, para difundir los lineamientos del proyecto de ley que pretende perfeccionar el Sistema Procesal Penal, iniciativa que fue enviada al Congreso por el Presidente de la República Sebastián Piñera el 29 de enero pasado.

ministra de justicia en aricaLa secretaria de Estado encabezó este encuentro junto al intendente subrogante Patricio López, el diputado Nino Baltolu, y al secretario regional ministerial de Justicia y de Gobierno subrogante (s) Clemente Cerda, además de la directora regional del Sename, Viviana Matta, y del coordinador regional de Seguridad Pública, Cristian Sayes.

Pérez valoró el interés de los vecinos por conocer esta iniciativa legal. Al respecto, dijo que en este encuentro “no sólo tratamos de explicar en qué consiste este proyecto, cuyo objetivo central es la protección a las víctimas, sino tener la oportunidad de escuchar las inquietudes de los dirigentes de las juntas de vecinos en relación del funcionamiento del sistema”.

En el diálogo sostenido con los vecinos, la ministra recibió peticiones de la comunidad para que las policías actúen con mayor rapidez, se apliquen más y mejores medidas para evitar el aumento de los delitos de abuso infantil, y se diseñen políticas efectivas de reinserción para quienes cometen delitos.

“Esta no es sólo una oportunidad para que nosotras las autoridades expresemos todo lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Piñera en pos de la seguridad de la comunidad, sino también para escuchar. Nosotros nos damos el tiempo para escuchar, porque para nosotros es tremendamente importante ver cómo impactan en las vidas de las personas, las distintas reformas que estamos realizando”, señaló.

El proyecto de ley enviado hace dos semanas por el Gobierno, incluye 36 modificaciones que apuntan a cuatro ejes:  protección y mayor participación de las víctimas; fortalecimiento del trabajo policial;  mejoramiento en la persecución penal que realiza la Fiscalía Nacional; y perfeccionamiento del sistema procesal.

Entre las acciones que contempla figuran que la víctima y su abogado querellante contarán con mayores derechos de información y de hacer reclamos respecto de sus causas. También se dotará de mayores atribuciones a los jueces de garantía, con el fin de que adopten medidas de protección tanto para la víctima como para su patrimonio, en cualquier etapa del procedimiento.

Junto con ello, la iniciativa propone que el control de detención se realice en el mismo lugar del arresto, a fin de evitar pérdidas de tiempo y recursos, así como también la posibilidad de retención de la licencia de conducir, con el fin de minimizar el riesgo de fuga de los imputados.  Asimismo, se plantean estándares legales para el reconocimiento de los imputados y la facultad del Ministerio Público de interponer recursos de apelación en cualquier etapa de un juicio oral, para evitar que una prueba sea excluida del caso por decisión del tribunal oral.

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